"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
El Defensor del Pueblo insta al Imserso a adecuar la normativa reguladora de sus centros de atención para no excluir por razón de edad
01/04/2019
El Defensor del Pueblo ha instado al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a adecuar la normativa reguladora de sus centros de atención a personas con discapacidad y personas en situación de dependencia para no excluir por razón de edad, previniendo cualquier discriminación por esta causa.
Esta recomendación se produce como consecuencia de una queja del CERMI que consideraba que la normativa de este tipo de centros del Imserso incurría en posibles tratos desiguales en atención a la edad de los usuarios.
A raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2018, que condenaba por doble discriminación por motivos de edad y de discapacidad a la Comunidad de Madrid, el CERMI examinó la toda la normativa reguladora de los centros de atención del Imserso, apreciando disposiciones contrarias al principio de igualdad, potencialmente discriminatorias por razones de edad y discapacidad.
Este informe fue remitido por el CERMI al Defensor del Pueblo como soporte de una queja formal contra el Imserso, lo que dio pie a abrir una investigación que ha concluido con la recomendación de “tomar en consideración y ajustar el proyecto de orden ministerial de regulación y acceso a los centros dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), a los criterios recogidos en la doctrina constitucional (por todas la Sentencia del Tribunal Constitucional número 3/2018, de 22 de enero) evitando la exclusión por mera razón de edad en el acceso a los mismos”.
Muchas Administraciones sociales (Comunidades Autónomas, fundamentalmente) mantienen regulaciones discriminatorias por causa de edad como la declarada inconstitucional por el Tribunal de Garantías en el caso de Madrid, por lo que desde el CERMI Estatal y los Autonómicos se viene reclamando la adecuación de la normativa de los servicios sociales al principio de igualdad y no discriminación consagrado en la Constitución.